Chile rechaza entregar mar explotado por salmoneras a comunidades indígenas
Chile rechazó el jueves dos solicitudes para entregar 620.000 hectáreas marinas, que concentran el 24% de la explotación salmonera en el país, a comunidades indígenas que defienden zonas protegidas en este territorio para preservar sus usos y costumbres, informó el gobierno regional de Aysén (sur).
La petición denegada corresponde a las solicitudes de la comunidad Pu Wapi, que demandaba 227.000 hectáreas para desarrollar actividades tradicionales, y a la del grupo Antunen Rain, por 393.000 hectáreas.
"La gran mayoría de los que votan son personas designadas por el gobierno. Ellos tenían que convocar a mesas de diálogos, pero no esperar hasta el último día", lamentó Daniel Caniullan, representante de la comunidad Pu Wapi, quien acusó un abandono de la administración del izquierdista Gabriel Boric.
Con 29 votos de rechazo, dos de aprobación, dos aprobaciones con modificaciones, y una abstención, se rechazó la solicitud de la comunidad Pu Wapi y de Antunen Rain, informó Fracisco Lara, secretario de la Comisión Regional de Uso del Bosque Costero (CRUBC), encargado de la designación de estos territorios a los pueblos originarios.
Desde hace ocho años, las comunidades Antunen Rain y Pu Wapi, que viven en la región de Aysén, en el extremo sur de Chile, solicitaron a la CRUBC acceder a la administración del mar que rodea las Islas Huichas y la Reserva Nacional Las Guaitecas, a unos 1.300 kilómetros al sur de la capital Santiago.
Las comunidades argumentaron su petición en la llamada ley Lafkenche, promulgada en 2008 por el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010). Esta permite a los pueblos indígenas solicitar la administración de espacios costeros marítimos para la preservación de sus costumbres.
La región de Aysén, con la mitad de los permisos para la explotación salmonera, es una zona isleña llena de piscinas naturales que suelen usarse como criaderos de estos animales.
- Tranquilidad en la industria salmonera -
La decisión de la comisión, formada por representantes del sector público y privado, generó expectación en la región, especialmente en la industria salmonera, que concentra en el área 325 permisos de explotación, el 24% de las concesiones del país.
El gremio, crítico con la petición, aseguró que de haberse aprobado la medida, se habrían perdido alrededor de 15.000 empleos.
"Se ha generado un daño en los vínculos de las propias comunidades. Eso es muy dañino. Ahí hay un desafío. Eso solo se hace en base a diálogo honesto, aquí hubo mucha desinformación", comentó Andrea Macías, gobernadora de la región, que apostó por aprobar, con modificaciones, la solicitud indígena.
Chile es el segundo exportador mundial de salmones, solo por detrás de Noruega. Este alimento generó cerca de 6.600 millones de dólares en 2022, el producto más importante tras el cobre y el litio.
La industria salmonera es cuestionada por las comunidades indígenas y organizaciones medioambientales por el impacto que genera en los mares chilenos.
Los salmones constituyen una especie invasora y depredadora que provocó una disminución de la cantidad de especies endémicas de la zona y alteró el hábitat marino, según la Superintendencia de Medio Ambiente chilena.
Además, los productores chilenos usan 1.400 veces más antibióticos por tonelada de salmones que Noruega, el principal productor mundial, de acuerdo con la organización ambientalista Oceana.
Noruega también tiene operaciones en Chile, mediante la salmonera Mowi (ex Marina Harvest), que concentra quinta parte de la demanda mundial de este alimento. La empresa fue sancionada en 2020 con 6,6 millones de dólares por la fuga de 690.000 peces en 2018.
Los salmones, que eran tratados con un antibiótico no apto para consumo humano, huyeron por fallas en jaulas de contención, afectadas por una tormenta que golpeó el centro de cultivo y puso en riesgo a la fauna silvestre y a salmones de otros centros de cultivo.
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