Una huelga reduce los controles sobre la deforestación y la minería ilegal en Brasil / Foto: Florence Goisnard - AFP/Archivos
Una huelga reduce los controles sobre la deforestación y la minería ilegal en Brasil
La fiscalización de actividades como la deforestación y la minería ilegal se redujeron significativamente en Brasil en enero por una huelga de funcionarios ambientales, que cumple un mes sin que haya acuerdos a la vista.
La asociación de empleados de organismos públicos vinculados al medioambiente, la Ascema, dijo que las multas por fiscalización cayeron 69% en enero con respecto al mismo mes de 2023 debido a la paralización.
Entre otras áreas, la supervisión de la deforestación y la minería ilegal está suspendida en tierras indígenas.
La medida, que exige mejoras de salario y de condiciones de trabajo, es avalada por cerca de 5.000 trabajadores del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama), el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Diversidad (ICMBio) y el Servicio Forestal Brasileño (SFB).
"El número de inspectores es muy pequeño y trabajan en condiciones inadecuadas. Ibama contaba hace unos años con más de 1.500 inspectores; hoy son unos 700, pero no llegan a 500 los que son realmente capaces de salir al campo a monitorear la Amazonía", dijo a la AFP Suely Araújo, del Observatorio del Clima, una red de unas 40 organizaciones ambientalistas.
La experta, que en el pasado presidió el Ibama, estimó que "es urgente" que el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva responda a las demandas.
Según Araújo, los logros en materia de deforestación en la Amazonía, que se redujo a la mitad en 2023 según cifras oficiales, pueden revertirse si no se atienden los reclamos.
"El impacto será sobre el equilibrio ambiental en un sentido amplio, incluida la biodiversidad, los recursos hídricos, pero también la cuestión climática", lamentó.
La huelga redujo también las labores de control contra los mineros ilegales en el territorio indígena yanomami.
Estos buscadores de oro contaminan la tierra y el agua con su actividad y son señalados como responsables de la crisis sanitaria que atraviesa esa comunidad indígena en el norte del país.
Tras la última reunión con las autoridades el pasado viernes, los trabajadores lamentaron el "conocimiento insuficiente" del gobierno sobre la complejidad de las atribuciones de los trabajadores ambientales, según un comunicado de la Ascema.
La medida de fuerza mantiene en pausa, además, la emisión de nuevas licencias ambientales para el avance de obras de infraestructura e hidroeléctricas.
El sector eléctrico manifestó preocupación y el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, pidió a la cartera de Medio Ambiente que intervenga "para garantizar" que la paralización no afecte la generación eléctrica.
El impacto ambiental y económico "derivado de la prolongación de este proceso de negociación es responsabilidad exclusiva del gobierno", indicó la Ascema.
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