La mina de cobre más grande de Centroamérica, raíces de un conflicto / Foto: Roberto CISNEROS - AFP
La mina de cobre más grande de Centroamérica, raíces de un conflicto
Bloqueos de calles, millonarias pérdidas en la economía, marchas y brotes de violencia: Panamá cumple este viernes tres semanas de tensión social por el rechazo a la operación de una mina de cobre, un conflicto que data de hace más de dos décadas.
Estos son los principales fechas de la crisis en torno a la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, explotada por la compañía canadiense First Quantum Minerals:
- 1997:
El Estado panameño firma un contrato con la sociedad minera Petaquilla S.A., que recibe en concesión 12.955 hectáreas en Donoso, provincia de Colón, por 20 años.
- 2008:
El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), apoyado por otras organizaciones ecologistas, interpone una demanda contra el contrato, argumentando que la concesión se dio sin licitación pública, sin consulta a las comunidades y sin un verdadero estudio de impacto ambiental.
- 2014:
Petaquilla Minerals vende la mina a Minera Panamá, subsidiaria de la empresa First Quantum Minerals.
- 2017:
El gobierno otorgó una prórroga a Minera Panamá para seguir la operación por otros 20 años.
La Corte Suprema de Justicia declara el contrato de 1997 "inconstitucional". Pero la mina no cesó operaciones por una serie de alegatos e interpretaciones por parte de autoridades y la minera.
- 2019:
La compañía minera canadiense empieza la exportación del mineral. Produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año, que representan el 75% de las exportaciones panameñas.
- 2021:
Cuatro años después de la resolución de la Corte, el fallo es finalmente publicado en la Gaceta Oficial.
Bajo la presidencia de Laurentino Cortizo, el gobierno y la compañía minera inician la negociación de un nuevo contrato.
- 2022:
Concluye la negociación, pero en la redacción del texto hubo discordias que estuvieron a punto de hacer colapsar el proceso.
- 2023:
. Agosto: El gobierno y la minera firman finalmente el contrato que establece aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces más que el monto del acuerdo inicial.
. 20 de octubre: El Congreso aprueba la ley que sella el nuevo contrato y Cortizo lo promulga, desatando protestas multitudinarias de ambientalistas, maestros, obreros y otros gremios.
. 3 de noviembre: Ante la presión popular, el gobierno y los diputados aprueban una moratoria por tiempo indefinido de la minería metálica y deja a la Corte Suprema de Justicia resolver una serie de demandas de inconstitucionalidad que definirá antes de finalizar este año el futuro de la mina.
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