Un riel ferroviario, la única huella de los "vuelos de la muerte" de Pinochet en Chile / Foto: RODRIGO ARANGUA - AFP
Un riel ferroviario, la única huella de los "vuelos de la muerte" de Pinochet en Chile
Atados a pedazos de hierro, los cuerpos eran arrojados al mar desde los llamados "vuelos de la muerte". Un oxidado riel, cubierto de restos de moluscos, quedó como parte de la escasa evidencia de esta práctica de la dictadura de Augusto Pinochet para desaparecer a sus opositores.
El trozo de metal de unos 110 centímetros, que fue recuperado del fondo marino chileno, se exhibe desde la semana pasada en el Museo de la Memoria en Santiago, dedicado a las víctimas del régimen militar (1973-1990).
Los investigadores asumen que el riel fue amarrado al cadáver de una de las personas ejecutadas por los hombres de Pinochet, quien murió en 2006 sin ser juzgado por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en su régimen.
"Es una huella material, palpable y emocional de una política de exterminio (...), de desaparición de toda huella del crimen de un ser humano", dice a la AFP María Luisa Ortiz, jefa de Colecciones e Investigación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
La dictadura de Pinochet dejó más de 3.200 víctimas, entre muertos y detenidos desaparecidos. Aún se desconoce el paradero de 1.162 de esas personas.
El riel está dentro de una vitrina, en el sector de 'Hallazgos' del museo, junto a un pedazo de soga manchada por el óxido de la misma pieza y un perno de 13 centímetros.
- El 'soplo' de un militar -
Estos tres elementos fueron hallados por buzos de la policía frente a una playa en la localidad de Caldera, 870 km al norte de Santiago, en junio de 2013, gracias a la declaración confidencial de un militar.
Todo eso en la marco de la investigación judicial del llamado caso Caravana de la muerte, uno de los casos más emblemáticos de los crímenes cometidos por la dictadura.
Días después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al gobierno del socialista Salvador Allende (1970-1973), una comitiva militar encabezada por el general Sergio Arellano recorrió en helicóptero varias ciudades del país para ejecutar a partidarios de Allende que habían sido detenidos.
La operación, entre septiembre y octubre de 1973, terminó con el asesinato o desaparición forzada de 93 prisioneros políticos. Por estos casos la justicia procesó a 48 militares, incluido Pinochet y Arellano (que fueron sobreseídos por su estado de salud), y se condenó a 27 uniformados en retiro.
Sin embargo, se ignora a qué caso puntual está relacionado el riel, la soga y el perno, ya que eso forma parte del "cuaderno reservado" de la investigación.
"Un riel de un ferrocarril no llega al mar solo. Alguien lo lanza con un objetivo. La pieza habla por sí misma", asegura la jefa de Colecciones e Investigación del Museo.
El informe pericial apunta a que esta evidencia está adscrita al "episodio Copiapó" del caso Caravana de la muerte.
En Copiapó, a 77 km de Caldera, la delegación que encabezaba el general Arellano ejecutó a 13 prisioneros que fueron sepultados en el cementerio de la ciudad. Hubo otros tres detenidos cuyo paradero se desconoce y que podrían haber sido lanzados al mar.
- Dos entierros y un lanzamiento al mar -
Sin embargo, la justicia tampoco descarta que pueda estar relacionado a lo sucedido en Calama, a unos 1.500 km de Santiago.
Allí la operación de Arellano, designado por Pinochet como su "delegado", asesinó a 26 personas. Los cuerpos de todos ellos fueron sepultados en el desierto.
Pero más de un año después, cuando los familiares comenzaron a preguntar por los detenidos, los cadáveres fueron desenterrados por militares y llevados a otro sector, a un kilómetro de distancia, donde volvieron a ser inhumados.
Quince días después los restos de cinco de la víctimas volvieron a ser sacados y, esta vez, fueron envueltos en sacos, embarcados en un avión y lanzados al mar, según la investigación judicial.
El trozo de riel ferroviario, el perno metálico y el trozo de cuerda gruesa plástica llegaron hasta el Museo de la Memoria por orden del juez Mario Carroza, coordinador nacional de los casos de violaciones a los derechos humanos y miembro de la Corte Suprema.
Estos vestigios son "como algo histórico, algo que es significativo, que tenía una trascendencia importante como símbolo y por eso se entregó" al museo, explica Carroza a la AFP.
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